La Constitución de 1812 fijó el ideal de un ente estatal que dirigiera completamente la vida social,un objetivo cuyo desenvolvimiento ha ocupado a las elites del poder los últimos doscientos años y que sigue desarrollándose en nuestros días porque los grandes proyectos estratégicos son procesos largos y sinuosos, extremadamente complejos e intrincados, que necesitan de ser precisados y concretados periódicamente y adaptarse creativamente a cada nuevo cambio y cada nueva situación.
La revolución liberal comienza con la destrucción del comunal a través de la profusa legislación devenida de la Constitución de Cádiz.
El más temprano fue el decreto de 1813 por el que los terrenos y baldíos de propios se repartieron, después se fueron implementando medidas parciales hasta las grandes leyes desamortizadoras que se aplicarán durante un periodo muy dilatado.
El objetivo era conseguir que todas las tierras y toda actividad económica tributaran al Estado de modo que éste obtuviera los ingresos para sostener su continuo crecimiento, poner las bases para el desarrollo de un capitalismo incipiente dependiente en todo del apoyo de las estructuras de poder, pero sobre todo, en el plano de lo estratégico se trataba de desalojar el comunitarismo popular y hacer universal el principio de propiedad y con ello eliminar el derecho antiromanista que regía el uso de los medios para la vida y la gestión colectiva de la economía, que eran las bases materiales de la comunidad popular, e imponer el egoísmo y el interés particular que son las señas de identidad del sistema.
Quiere decirse que el proceso de construcción del Estado actual ha sido un largo conflicto dirigido según un plan estratégico muy meditado y perseverantemente ejecutado.
Prado Esteban Diezma.
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