Construir cárceles, una industria boyante.
R.M.C. / Madrid
Los recortes en el gasto público no parecen haber afectado a la construcción de nuevas cárceles. A lo largo de este año, está previsto que entren en funcionamiento, en el Estado español, varios centros penitenciarios, entre cárceles, centros de inserción social y unidades de madres. Este boom constructor se enmarca en el plan de creación de 46 nuevos centros penitenciarios, incluidas once cárceles, entre 2006 y 2012, que se marcó el actual Gobierno, como solución al enorme crecimiento de población penitenciaria.
A pesar de que el territorio español cuenta con casi 80 prisiones, actualmente se están construyendo o ultimando los centros penitenciarios de Murcia II, Las Palmas II, Norte I (o de Zaballa, en Álava), Norte II (en Navarra), Menorca y Lanzarote, además de los centros de inserción social (centro de tránsito hacia la vida en libertad) de Valladolid, Madrid II, Jerez de la Frontera, Ceuta, Pamplona (en Zubieta) y la Unidad de Madres de Madrid. Y se han inaugurado durante este año también el centro de inserción social de Albacete y el de Murcia; a lo que hay que sumar los movimientos de tierra que ya se están realizando para los futuros centros de Ceuta, Soria y Málaga II, en paralelo con las pertinentes gestiones para construir otro más en la Comunidad Valenciana –Levante II–, y Norte III, en Gipuzkoa, etc. Esta frenética construcción de equipamientos penitenciarios es el resultado del actual Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 2005-2012.
La actividad carcelaria se ha vuelto un negocio rentable que no sólo genera beneficios aquí, sino que ha dado un salto al “establecer una estrecha relación con organismos y empresas españolas que participan en el desarrollo de los intereses nacionales fuera de nuestras fronteras”. Dicho en otras palabras, a través de múltiples convenios, la SEIP está participando en el diseño, construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de prisiones en Angola, Brasil, Qatar, Chile, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, México, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Uruguay y Agen. En el Estado español, con la media de presos más elevada de la UE, la construcción de macrocárceles está en pleno apogeo y la extensión en hectáreas de las mismas también nos sitúa a la cabeza de los países de nuestro entorno.
Según el sociólogo Pedro Cabrera: “La lucha contra la pobreza se ha convertido en la lucha contra los pobres” en una sociedad “que es incapaz de integrar el conflicto” y cuya tendencia es una carrera desenfrenada en la obsesión por la seguridad, el fomento del miedo al otro como política, el populismo punitivo, el control social y la privatización del castigo”, que trae consigo un incremento tan elevado de los encarcelamientos. Para el profesor de Derecho Penal Julián Ríos, “la escandalosa y objetivable desproporción entre los recursos humanos y materiales empleados en la vigilancia y los dedicados a la reinserción social” hacen “difícilmente conciliable el objetivo educativo y socializador otorgado constitucionalmente a la pena”.
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